Bono: el Estado soy yo

A pocos se le ha escapado la información que durante las últimas semanas está publicando La Gaceta sobre el patrimonio de la familia Bono (y digo de la familia porque el hijo de 25 años ya tiene un chalet y dos pisos). Una hípica, áticos en Estepona, un chalet en Bargas, un piso en el casco histórico de Madrid y otro en el barrio de Salamanca, para empezar...

Pues bien, resulta que igual que hiciera Mª Teresa Fernández de la Vega en su día, el señor Bono ha decidido, después de semanas de sospechoso silencio, poner en manos del Fiscal General del Estado el caso. Porque Bono no es un ciudadano normal. Tiene derecho a que un fiscal designado por su Gobierno informe el caso para proceder o bien contra él, o bien contra los periodistas (igual que ocurrió con el caso de la Vicepresidenta). Los medios de comunicación han valorado la maniobra de Bono como un acto de transparencia pero, por ahora, el contenido de su patrimonio sigue siendo secreto y, mucho más, sus intenciones.

Porque el Estado son ellos. Ellos se nombran y ellos (en el mejor de los casos) se juzgan. Bono tiene derecho a que no le juzgue un juez corriente. Él no tiene que interponer una querella, es el Estado (o sea él) quien debe encargarse a través del Fiscal General (y de paso se ahorraría las costas procesales). Cuando no utilizan a la policía para saltarse todas la garantías...